Acusación contra ex líderes magisteriales, estrategia fallida del gobierno de Oaxaca para desmovilizar a la Sección 22

*Por “ajuste de cuentas” mediático, ahora existe grave riesgo de confrontación y el casi inminente paro indefinido

*La autonomía sindical ha sido perversamente violentada, opinan investigadores 

Las acusaciones acerca de la comisión de actos de corrupción por la anterior dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se trató, en realidad, de una fracasada estrategia del actual gobierno estatal para evitar la movilización del magisterio –que este miércoles estallará un paro de 72 horas–, sostuvo el sociólogo Isidoro Yescas Martínez.

Aquella retórica, apuntó el académico, fue más un ajuste de cuentas mediático entre grupos de poder al interior del partido Morena, uno encabezado por el gobernador, Salomón Jara, y otro encabezado por el diputado federal Hiram Santiago –señalado de manipular a la cúpula magisterial conocida como Los Pozoleros–, que, sin embargo, no se traducirá en ninguna carpeta de investigación y menos en el encarcelamiento de los actores señalados, en el caso del ex secretario general, Eloy López Hernández; el exsecretario de Organización, Genaro Martínez Morales, y el exsecretario de Finanzas, José Carlos López Alonso.

Durante las últimas dos semanas, las autoridades estatales han afirmado que los anteriores líderes magisteriales recibieron de la administración priista pasada, diversos pagos para desactivar sus movilizaciones a lo largo del sexenio de Alejandro Murat, como es el caso de 20 millones de pesos anuales para organizar la Guelaguetza Magisterial y 2 millones de pesos para repartir sobornos entre representantes regionales.

A ello, se suma un presunto manejo fraudulento de 73 millones de pesos por devoluciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuales fueron gestionadas por los líderes sin notificarle de ello a las bases del sindicato, con el presunto objetivo de adueñarse de ese recurso.

“Yo no veo que se llegue a ese nivel (de que la autoridad promueva procesos penales)… parece más un ajuste de cuentas entre expresiones de Morena.

“Yo veo que, más bien, esta Comisión de Honor y Justicia que ya anunció la dirigencia seccional, pueda avanzar más en ese sentido (de buscar castigo contra sus ex representantes), pero no al grado de que pudieran haber encarcelados o que se pudieran procesar penalmente, sino que se apliquen los principios rectores y que sean expulsados de la Sección 22 algunos de estos ex líderes”, explicó Yescas, ex director del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y experto en movimientos sociales.

El sociólogo agregó que, en la actualidad, es inviable pensar que el gobierno estatal pueda comenzar una limpia real y un combate franco a la corrupción al interior del IEEPO y de la Sección 22, pues ello representaría un alto riesgo de crear una confrontación con el poder fáctico más grande del estado y por ende, caer en un escenario de ingobernabilidad.

Si la autoridad estatal pretendiera exterminar la corrupción en el gremio magisterial de Oaxaca, debería tener, primero, la anuencia del gobierno federal resaltó.

“Hay que verlo en el contexto de cuál ha sido la relación de los gobiernos estatales con las organizaciones sociales en general. Cuántas décadas ya lleva Oaxaca en estás relaciones de complicidad, de corrupción que se da entre el gobierno del estado y las organizaciones sociales”, dijo.

“En general, ha sido una relación de mutuo beneficio político entre gobierno y organizaciones. A cambio de mantener una paz ficticia, una estabilidad política, se mantienen estos acuerdos con liderazgos de organizaciones y en el caso del magisterio es esa misma relación, sólo que en el caso del magisterio es una organización que tiene mucha fuerza y una gran capacidad de movilización”, abundó.

Acción sin resultados

El ejemplo más claro de que los gobernantes actuales fracasaron con aquel “distractor” para desmovilizar a los docentes, subrayó Yescas, es que la Sección 22 no interrumpió su plan de acción y decidió continuar con el paro de 72 horas previsto a partir del miércoles y hasta el viernes próximo.

Y no sólo eso, sino que advirtió que en caso de que el sindicato se radicalice o se confronte con las autoridades actuales, podría decidir estallar en paro indefinido.

Riesgos de confrontación

En ese sentido, el entrevistado indicó que los grupos políticos que impulsaron a los actuales líderes, como son la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Praxis y Cuaderno Sindical, tienen una estrategia de negociación basada más en la movilización que en los acuerdos políticos, como fue el caso de Los Pozoleros, grupo con el que es identificado Eloy López Hernández.

Advierte riesgos de confrontación e ingobernabilidad

“La denuncia de ahora (de actos de corrupción) podría ser un distractor, una manera de congraciarse con la nueva dirigencia cuando realmente el propio magisterio tiene la capacidad de enjuiciar a sus dirigentes”.

Para el especialista, a la sociedad oaxaqueña debería preocuparle más las negociaciones que se están dando en este momento entre el sindicato y el gobierno.

“Qué tanto se ha avanzado con el gobierno federal y el gobierno estatal en las negociaciones con el magisterio porque después de este paro de 72 horas, sino se llega a un arreglo va a ser inminente un paro indefinido y un paro indefinido implica no sólo afectar a la niñez sino en la medida de que va acompañado de movilizaciones podemos tener un escenario de ingobernabilidad”.

Sección 22, todavía sin procesos contra ex líderes

Mientras tanto, a una semana de las acusaciones hechas por las autoridades en contra de los ex líderes, el vocero de la Sección 22 de la CNTE, Luis Alberto López Pasos, reiteró que Eloy López, Genaro Martínez y José Carlos López serán investigados por una Comisión de Honor y Justicia y que de ser hallados responsables de actos de corrupción, serán inhabilitados para ejercer cualquier otro cargo sindical; sin embargo, admitió que aún no ha sido integrado aquel cuerpo colegiado y que no hay una fecha establecida para que ello se lleve a cabo.

López reiteró el pronunciamiento hecho la víspera por la líder de la Sección 22, Yenny Aracely López Martínez, en el sentido de desconocer a aquel grupo de ex líderes y reiterar que al interior del magisterio no existen militantes que ostenten cargos de representación popular, en alusión a Hiram Santiago y Azael Santiago Chepi, ex tesorero y ex secretario del magisterio, respectivamente, que hoy son diputados federales por Morena.

Consultado sobre el estatus del proceso de expulsión de sus anteriores representantes, refirió que desde el pasado 27 de noviembre, los delegados de todas las regiones del estado pusieron en entredicho y no avalaron los informes financieros entregados por la dirigencia saliente, por lo que desde entonces se estableció la creación de una Comisión de Honor y Justicia para indagar el actuar de todos ellos.

“En su totalidad, los informes no fueron aprobados”, reiteró el dirigente, aunque luego justificó que el actuar de un Comité Ejecutivo Seccional (CES) no define a un movimiento entero”.

En ese sentido, admitió que a pesar de que la integración de la Comisión fue aprobada desde noviembre, ésta no ha quedado conformada y que será hasta la realización de una nueva sesión cuando quizá se defina la fecha de su integración.

“Pasando esta jornada de lucha, va a ser la Asamblea Estatal la que va a determinar los tiempos cuando se cree está comisión”, apuntó.

“Se tiene que atender ese resolutivo, es una terea que deja ese Comité Ejecutivo Seccional (CES)”, añadió, pero sin dar un tiempo estimado de cuándo aquella Comisión podría tener una resolución.

Acusaciones

Según las acusaciones verbales de las autoridades estatales, el monto de los recursos públicos malversados en beneficio de la anterior dirigencia de la Sección 22, por presuntas negociaciones entre ex líderes y ex gobernantes, rondaría los 300 millones de pesos.

 El gobernador Salomón Jara Cruz, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, sostuvieron que el anterior Comité Ejecutivo Seccional (CES), que encabezó Eloy López Hernández, ocultó 73 millones de pesos que el gobierno entregó a los representantes de los maestros por la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de que la misma dirigencia recibía 20 millones de pesos para la organización anual de la Guelaguetza Magisterial y Popular, lo que se suma a 2 millones de pesos mensuales que los líderes también recibían para “cooptar” a los personajes que hacían contrapeso a las decisiones o propuestas del entonces CES en sus asambleas.

Ex líderes se defienden

Por su parte, el ex secretario general de la Sección 22, Eloy López Hernández, afirmó que los señalamientos hechos en su contra no tienen fundamento y demandó al actual gobierno estatal exhibir pruebas y canalizarlas ante las instancias correspondientes.

Asimismo, en una misiva, también firmada por los exsecretarios de Organización, Genaro Martínez Morales, y de Finanzas, José Carlos López Alonso, sostuvo que la intención del actual régimen es “dividir” al movimiento democrático magisterial.

“Los señalamientos infundados que pretenden responsabilizar a quienes integramos la representación sindical 2017-2022 de la Sección 22 de la CNTE, señalando de estar desinformando, confundiendo a las bases de MDTEO, de un presunto fraude al salario de los Trabajadores de la Educación y recibir recursos para la Guelaguetza Magisterial y Popular, son una injerencia al interior del MDTEO y se basan en especulaciones y calumnias, ya que si existen pruebas deben presentarlas ante las instancias correspondientes y no utilizar como estrategia política para dividir al movimiento”, dice la carta.

Luego, López Hernández y los otros dos ex líderes acusaron a la actual dirigencia, que encabeza Yenny Aracely Pérez Martínez, de confabular en su contra.

“Es inadmisible que hoy exista una clara coordinación política entre la nueva dirigencia seccional y el gobierno del estado para acusar sin pruebas a la dirigencia anterior y eso es sumamente riesgoso para la autonomía sindical que está siendo violentada perversamente.

“La injerencia del gobierno en los asuntos internos es más que evidente, así como la complacencia y eco de la representación”, añadieron.